Informativo Compliance

Publicado el 26/04/2018

Áreas de Práctica: Corporativo y Contractual

El día de hoy, jueves 26 de abril de 2018, se ha publicado en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, mediante el cual se aprueba el “Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018 – 2021” (en adelante el “Plan”).

 

El Plan plantea y enfatiza que al ser la corrupción un fenómeno complejo, multicausal y multidimensional, no puede ser abordado desde un solo enfoque, ni tampoco desde una sola entidad. En ese sentido, el Plan busca consolidar un nivel eficaz de articulación y coordinación entre las entidades que conforman la cadena de valor de la Administración Pública, a fin de garantizar una respuesta efectiva y oportuna en la lucha contra la corrupción.

 

Por consiguiente, los principales objetivos y acciones del Plan son los siguientes:

 

  1. En el Sector Público.-

 

El Plan precisa dos (2) tipos de acciones que deberán implementar las entidades públicas: (i) acciones específicas; y, (ii) acciones transversales.

 

  • Acciones específicas: Dirigidas a aquellas entidades que por su rol específico tienen una tarea puntual en la lucha contra la corrupción. Entre otras, el Poder Judicial, el Congreso de la República y el Ministerio Público.

 

  • Acciones transversales: Deben ser implementadas por todas las entidades sin excepción, a efectos de garantizar una estrategia interna de integridad y prevención de la corrupción. Es decir, todas las entidades públicas deben implementar una estructura de prevención de la corrupción.

 

A tal fin, el Plan propone un modelo de integridad cuyo desarrollo corresponde a estándares internaciones y buenas prácticas.

 

  1. En el Sector Privado.-

 

Las principales acciones del Plan que tendrán repercusión directa en el sector privado son las siguientes:

 

  • Implementación de mecanismos integrados de denuncias en la Administración Pública, a cargo de todas las entidades del Poder Ejecutivo.

 

  • Fortalecimiento de incentivos monetarios para las denuncias de actos de corrupción en el sector público, a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

 

  • Fomento de la implementación de los programas de prevención o compliance contra la corrupción, independientemente del tamaño de la empresa y del rubro del negocio, a cargo de los gremios empresariales (tales como CONFIEP, SNI y CCL).

 

  • Revisión de la normativa de las asociaciones público privadas, a cargo de la PCM.

 

  • Tipificación del delito de corrupción privada, a cargo del Poder Judicial, Comisión Alto Nivel Anticorrupción y SERVIR).

 

  • Reglamentación de la Ley N° 30424 y su modificatoria, relativa a responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, a cargo del Ministerio de la Producción.

 

En caso necesiten información adicional y/o realizar alguna consulta respecto a los alcances del Plan, pueden contactar a Milagros Maraví (mmaravi@rubio.pe) y/o Carolina Sáenz (csaenz@rubio.pe) y/o José Velit (jvelit@rubio.pe)