24 Ene 2020

Alerta Procesal

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El día de hoy se publicó en el diario oficial “El Peruano” el Decreto de Urgencia N° 20-2020, a través del cual se dispone la modificación de los artículos 7, 8, 21, 29, 51, 56 y 65 y la incorporación del artículo 50-A del Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje.

 

Con estas modificaciones se busca impulsar las políticas públicas nacionales y sectoriales dirigidas a definir y optimizar la participación del Estado en los procesos arbitrales.

 

El Decreto de Urgencia bajo comentario, contempla las siguientes modificaciones:

 

  • Se modifica el artículo 7°, incorporándose el inciso 5), el mismo que establece que el Estado solo podrá acudir a arbitraje ad-hoc cuando el monto de la controversia no supere las 10 UITs.
  • Se modifica el inciso 2) del artículo 8°, incorporándose la obligación de presentar una fianza bancaria y/o patrimonial solidaria, incondicionada y de realización automática en favor de la Entidad Pública afectada por la medida cautelar y por el tiempo que dure el proceso arbitral.
  • Se modifica artículo 21°, incorporándose el segundo párrafo que establece la incompatibilidad que tiene para actuar como árbitro en los arbitrajes en los que interviene como parte el Estado peruano aquella persona que ha tenido actuación previa en el caso concreto que debe resolver, sea como abogado/a de alguna de las partes, como perito/a o el que tenga intereses personales, laborales, económicos, o financieros que pudieran estar en conflicto con el ejercicio de su función arbitral, sea como abogados/as, expertos/as y/o profesionales en otras materias.
  • Se modifica el inciso 2) del artículo 29°, incorporándose el literal e), a través del cual se establece que, en los arbitrajes en los que interviene como parte el Estado peruano, si la otra parte no conviene en la recusación y el/la árbitro/a recusado/a niega la razón, no se pronuncia o renuncia, resuelve la recusación la institución arbitral; a falta de esta, la Cámara de Comercio correspondiente; asimismo, establece que es nulo todo acuerdo que establezca la posibilidad de que los miembros de un tribunal arbitral resuelvan la recusación de los demás árbitros.
  • Se incorpora el artículo 50-A, el mismo que regula la figura del abandono en los arbitrajes en los que el Estado peruano interviene como parte, y se determinan los efectos del mismo.
  • Se modifica el inciso 3) del artículo 51°, estableciendo el carácter público de las actuaciones arbitrales y el laudo una vez concluido el proceso arbitral en el que el Estado peruano intervino como parte.
  • Se modifica el inciso 2) del artículo 56°, incorporándose la exoneración del Estado peruano al pago de multas administrativas o sanciones similares u otros conceptos distintos a los costos del arbitraje.
  • Se modifica el literal b) del inciso 1) del artículo 65°, incorporándose la facultad de las partes de un arbitraje en el que el Estado peruano interviene como parte a solicitar la sustitución del/la árbitro que designó, siguiendo las reglas que determinaron su designación; o, en su caso, solicitar la recusación del árbitro u árbitros que emitieron el laudo anulado. En dicho supuesto se habilita el plazo para plantear recusación sin admitir norma o pacto en contrario.

En caso tuvieran alguna consulta sobre estas resoluciones, pueden contactarse con Bruno Marchese (bmq@rubio.pe), Úrsula Caro (ucaro@rubio.pe) y Alessandra Cocchella (acocchella@rubio.pe)

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