22 Sep 2021

Buena Administración y Procedimiento Administrativo

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El buen gobierno es un conjunto de arreglos institucionales mediante los cuales se preparan, adoptan y ejecutan las decisiones públicas en un entorno social determinado; incluyen estructuras, procesos, relaciones entre actores y todos los instrumentos que inciden sobre las decisiones de la esfera pública[1]. De esta manera, es aplicable a las funciones que ejerce el Estado y comprende a todos los niveles de gobierno, por lo que, cuando se aplique a la Administración Pública, se estará frente al principio de buena administración[2].

 

El Tribunal Constitucional ha reconocido que dicho principio es un principio constitucional implícito en nuestro ordenamiento[3]. De ahí que se sostenga que los subprincipios del mismo sean corrección, transparencia, participación, rendición de cuentas y eficacia[4].

 

Estos subprincipios se encuentran relacionados con los principios del procedimiento administrativo del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (“TUO de la LPAG”), de modo que, en todo procedimiento administrativo y, en fin, en el ejercicio de la función administrativa, las entidades públicas se encuentran obligadas a su aplicación.

 

En efecto, la corrección está relacionada con los principios de legalidad y razonabilidad del TUO de la LPAG. La participación y la eficacia se refieren a los principios con la misma nomenclatura del TUO de la LPAG.

 

Si bien la transparencia no está explícita en esta norma, su importancia se encuentra en el principio de acceso permanente y en las normas de acceso a la información pública. También, la rendición de cuentas se vincula con los principios de debido procedimiento (motivación), ejercicio legítimo del poder y responsabilidad del TUO de la LPAG.

 

Consecuentemente, el principio de buena administración es aplicable a los procedimientos administrativos de las entidades públicas. Estas están en la obligación de cumplir con sus subprincipios, los cuales están reflejados en los principios del procedimiento administrativo del TUO de la LPAG.

 

Artículo originalmente publicado en Revista Industria Legal.

Para acceder, visite este link: https://bit.ly/2WqFVad

 


[1] Longo, F. (2010). Ejes vertebradores de la gobernanza en los sistemas públicas. Un marco de análisis en clave latinoamericana. Revista del CLAD Reforma y Democracia. Número 46, pps. 78.

[2] León Manco, H. A. (2015). Discrecionalidad y buena administración: propuesta de una regulación a partir de los principios de buena administración. XX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, pps. 4.

[3] Tribunal Constitucional. (2005). Sentencia del Expediente N° 02234-2004-PA.

[4] Castro, A. (2014). Legalidad, buenas prácticas administrativas y eficacia en el sector público: Un análisis desde la perspectiva jurídica del buen gobierno. Buen Gobierno y Derechos Humanos, pps. 250.

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