14 Abr 2020

#CoronavirusEnPerú: Las disposiciones del sector eléctrico en tiempos de COVID-19

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La pandemia del COVID-19 ha llegado al planeta para quedarse y modificar sustancialmente nuestras costumbres y hábitos de conducta. A nivel local, y siguiendo las disposiciones de restricción a la libertad personal, nuestras actividades económicas, comerciales y personales se han reducido al mínimo indispensable, en aras de contribuir a paliar el crecimiento de los casos positivos en nuestro país, y con ello, darle una tregua a nuestro sistema de salud.

 

No obstante, los servicios considerados sustanciales para el Estado y la población no han sido detenidos. El servicio eléctrico ha continuado su ejecución de manera sostenida en el Estado de Emergencia Nacional[1] (“EEN”), atendiendo a las primeras disposiciones emitidas[2]. Para lograr ello, el gobierno anunció una serie de dispositivos legales que tienen por propósito asegurar la continuidad del suministro eléctrico, y el mantenimiento económico de algunos segmentos de la cadena de valor de este tipo de suministro. En las siguientes líneas, quisiera comentar lo dispuesto en este nuevo statu quo, en lo que respecta a las actividades de generación, transmisión, distribución, operación del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (“SEIN”), y supervisión y fiscalización de las actividades en el sector eléctrico.

 

Para empezar, se encuentra la generación eléctrica. Al respecto, el Ministerio de Energía y Minas (“MINEM”) ordeno realizar[3] las acciones que garanticen la continuidad del suministro de energía eléctrica, asegurando su entrega al usuario regulado y a los demás servicios públicos. Asimismo, se estableció que estas empresas debían ejecutar protocolos de seguridad cuyo objetivo sea salvaguardar la salud del personal, contratistas y/o terceros. Recordemos que la operación de la generación, así como el de las actividades de transmisión y distribución eléctrica, supone la presencia de personal en un centro de control desde el cual se supervise el funcionamiento de las centrales. En ese sentido, el personal requerido para dicha operación debe ser protegido debido a la exposición al trasladarse a los respectivos centros de control.

 

También, las empresas de generación se encontraban obligadas hasta el 22 de marzo al envío de sus respectivos Planes de Contingencia, los cuales debían identificar a un coordinador que sea quien informe y lidere los incidentes ocurridos durante el EEN. Cabe indicar que estos Planes de Contingencia son planes ad-hoc, distintos a los Planes de Contingencia que son entregados al OSINERGMIN[4]. No se han aprobado directrices respecto al contenido de estos Planes de Contingencia ad-hoc. Sin perjuicio de ello, creemos que estos Planes deben contener medidas operativas y seguridad sanitaria para el personal.

 

De otro lado, la primera semana de cuarentena se publicó la lista de empresas de generación que requerían seguir funcionando para el aseguramiento de la provisión eléctrica. Esta lista incluyó no solo a las centrales de generación de todo tipo de fuente, sino también a los auto productores (autogeneración), que abarca minería, industrias, cementeras, pesquería e hidrocarburos. Finalmente, se suspendieron las obligaciones legales de reporte y entrega de información física por parte de estas empresas ante el MINEM y el OSINERGMIN, obligaciones que se encuentran contempladas en el marco normativo eléctrico.

 

No podemos pasar al siguiente segmento del suministro eléctrico sin antes mencionar brevemente la caída de la demanda en estas primeras cuatro semanas del EEN. Como se sabe, la demanda ha caído en cerca del 30%. Al caer la demanda, la misma se satisface con las fuentes mas económicas del despacho, es decir, la hidroeléctrica y recursos energéticos renovables (incluyendo mini hidroeléctricas), siendo que, en Hora Punta, se ha llegado a utilizar también gas natural. Esto, ha producido que el costo marginal del sistema durante este tiempo promedie los US $2.00 MW/hr., lo que significa menor rentabilidad para las empresas de base. Esto puede significar que, si bien la demanda se abastece hoy de fuentes renovables, al mismo tiempo dicha oferta se viene remunerando con costos marginales bajos, a diferencia del escenario donde este costo es determinado por una unidad mas cara. La duración del EEN influenciará en el equilibrio de las generadoras de base que hoy reciben como remuneración este costo marginal reducido.

 

Ahora pasemos a la transmisión. Al igual que las empresas generadoras, las empresas transmisoras en operación se encuentran sujetas, durante el EEN, a la presentación de sus Planes de Contingencia, implementación de Protocolos de Seguridad y continuidad de sus actividades esenciales para garantizar el suministro eléctrico. Asimismo, se les ha suspendido la obligación de envío de información de manera física al MINEM y OSINERGMIN. En buena cuenta, la transmisión en operación no se ha visto específicamente regulada en los recientes dispositivos aprobados.

 

Sin perjuicio de ello, quienes se encuentran detenidos son los proyectos de transmisión en etapa preoperativa, y aquellos proyectos que se encuentran previstos en el Plan de Transmisión cuya operación comercial debe ocurrir el 2021. Sin duda alguna, son estos últimos los que representan mayores desafíos para el futuro, dado que las obligaciones contractuales y regulatorias existentes se ven impedidas de ser cumplidas, dada la coyuntura. Sera idóneo que el MINEM y los concesionarios, implementen rápidamente procedimientos de evaluación de fuerzas mayores que permitan recuperar el periodo de esta emergencia.

 

Por otro lado, el segmento que se ha visto mas regulado es el de distribución eléctrica, dada su sensibilidad y cercanía hacia el usuario regulado[5]. A respecto, se destaca la alternativa para la “población vulnerable” de prorratear sus recibos pendientes de pago de energía eléctrica que se hayan emitido en marzo del 2020 y aquellos que sean emitidos durante el EEN, hasta en 24 meses. La población vulnerable lo constituyen (i) los usuarios residenciales eléctricos de hasta 100 kWh mensuales (que, de acuerdo con Luz del Sur S.A.A., supone aproximadamente S/ 65.00 mensuales) y (ii) los usuarios residenciales de sistemas eléctricos rurales no convencionales abastecidos con suministro fotovoltaico autónomo. El fraccionamiento se realizará hasta en 30 días hábiles de concluido el EEN. Cabe mencionar que el vencimiento de esta facturación no dará inicio al corte del suministro eléctrico, potestad que tiene el distribuidor eléctrico de acuerdo con la Ley de Concesiones Eléctricas[6] (“LCE”) ante el vencimiento de dos facturaciones.

 

Asimismo, el único interés aplicable a estas facturaciones será el interés compensatorio del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas (“RLCE”), que dispone como tasa máxima de interés compensatorio el promedio aritmético entre la tasa activa promedio en moneda nacional (TAMN) y la tasa pasiva promedio en moneda nacional (TIPMN), publicada diariamente por la Superintendencia de Banca y Seguros[7]. Estos intereses no serán asumidos por los usuarios regulados, sino por el Fondo de Inclusión Social Energético -FISE, hasta por S/ 25 000 000. Para dichos fines, los concesionarios de distribución eléctrica deberán presentar a OSINERGMIN la información correspondiente a los intereses compensatorios aplicables, y luego el ente regulador presentará al MINEM sus respectivos informes de liquidación. Una vez efectuado ello, será el MINEM quien transfiera directamente los respectivos montos a cada distribuidora eléctrica.

 

Desde el punto de vista comercial, también se han otorgado permisiones a los distribuidores eléctricos para flexibilizar las obligaciones para con sus usuarios regulados. Así, se ha suspendido la emisión y entrega de los recibos o facturas por medios físicos, autorizándolos a entregarlos por medios digitales; se ha suspendido la lectura de consumos de electricidad y la atención física en los centros de atención al cliente; se ha autorizado a emitir los recibos o facturas que se ajusten al perfil de consumo de los últimos seis meses previos al mes de facturación a partir de lecturas reales, y en general, encontrar medidas alternativas que permitan cumplir con el servicio de comercialización al usuario regulado. Las empresas distribuidoras han acatado las disposiciones, y actualmente han gestionado a través de sus plataformas digitales la consulta de recibos en línea, aplicaciones, utilización de correos electrónicos o chats en paginas web. Inclusive, en algún caso se ha implementado programas de fraccionamiento para aquellos usuarios regulados que, sin ser población vulnerable, quieran acceder a este beneficio.

 

De otro lado, como quiera que el SEIN ha seguido en operación para garantizar la continuidad del suministro eléctrico, esta operación a cargo del COES ha sido sostenida y se ha adaptado a las circunstancias originadas por el EEN. Uno de los primeros pasos realizados por el COES fue la publicación de su Plan de Contingencia, el cual contempló medidas procedimentales, operativas, y de seguridad del SEIN. Entre las medidas procedimentales, se especificó que desde el 16 de marzo no hay funcionamiento de la mesa de partes del COES, por lo que se suspendió el computo de los plazos para la presentación y resolución de recursos impugnatorios (reconsideraciones, apelaciones, inicio de arbitraje e inclusive impugnaciones contra las decisiones de la Asamblea del COES) y de toda documentación que no se encuentre asociada a programación de la operación, coordinación de la operación en tiempo real y valorización de transferencias. Cabe mencionar que los procedimientos técnicos asociados a la programación, coordinación y valorización disponen el envío de información de manera remota (correos electrónicos), por lo que el flujo de información respecto a estas actividades no debe haberse visto afectado por la declaración del EEN.

 

Respecto a las medidas operativas, se reconfiguraron los turnos del Centro de Control, de tal manera que hoy, los turnos son de 12 horas (con el horario de 06:30 am a 06:30 pm)[8]. Asimismo, se han cancelado las pruebas de Unidades de Generación, incluyendo las pruebas aleatorias del Procedimiento Técnico No. 25 y las pruebas de potencia efectiva y rendimiento. También, se dispuso la evaluación de los parámetros operativos de la red eléctrica de tensión mayor a 100 kV, de manera que pudiesen controlar las sobretensiones originadas por la caída de la demanda en este periodo. A su vez, se solicitó a las empresas que conforman el COES, que informen las restricciones operativas que pudiesen tener por las disposiciones dictadas recientemente o por el COVID-19, a fin de tenerlas en cuenta en los programas operativos y la operación en tiempo real. Por otro lado, respecto a las medidas de seguridad del SEIN, se ha incrementado el margen de Regulación Primaria de Frecuencia a 3.5%, además de incrementar el margen para subir de Regulación Secundaria de Frecuencia.

 

Otro asunto de especial relevancia constituye la aplicación de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (“NTCSE”). En primer lugar, se dispuso que, durante el EEN, las transgresiones a la NTCSE no dan lugar al pago de compensaciones o sanciones, siempre que dichas transgresiones no estén relacionadas a temas de seguridad y sean consecuencia de eventos no imputables a las empresas eléctricas como consecuencia del EEN y/o por los efectos del COVID-19[9].

 

Ahora bien, ¿que términos de calidad son los contemplados en la NTCSE y cuales estarían asociados a la “seguridad”, como indica la normativa recientemente aprobada? La NTCSE contempla la calidad del producto, del suministro, del servicio comercial y del alumbrado público. El servicio comercial incluye el trato al cliente (solicitudes de nuevos suministros, reconexiones, opciones tarifarias, reclamos por errores de facturación o medición), medios para los clientes (facturas, registro de reclamos, centros de atención telefónica o fax) y precisión de energía facturada. A nuestro entender, estos no constituyen aspectos asociados a la seguridad del SEIN sino a la solidez de la relación comercial con el cliente, por lo que sus transgresiones pueden encontrarse protegidos por esta suspensión.

 

De otro lado, la calidad de producto (tensión, frecuencia y perturbaciones en los puntos de entrega) y del suministro (número de interrupciones y su duración), pueden estar asociados a condiciones de seguridad cuando su incumplimiento desencadene una interrupción, caída de tensión o variación de frecuencia a nivel de SEIN, y eventualmente la salida intempestiva de alguno de sus componentes. La determinación de si las transgresiones se encuentran asociadas a la preservación de seguridad del SEIN, que a nuestro entender podrán estar referidas a transgresiones a la calidad del producto y/o suministro, corresponderá ser evaluada por el COES, según el procedimiento de análisis de fallas contemplados en la NTCSE.

 

Es respecto a este procedimiento de análisis de fallas que la regulación recientemente aprobada también ha contemplado otra suspensión. Así, durante el EEN se ha suspendido la aplicación de los plazos referidos al procedimiento de análisis de fallas del numeral 3.5 de la NTCSE[10], que supone la suspensión de aquellos procedimientos de evaluación que se venían efectuando, como aquellos por iniciar. En ese sentido, si, con ocasión del EEN, se produce una transgresión a la NTCSE que signifique el inicio del procedimiento de análisis de fallas, este estará suspendido hasta que la emergencia se levante.

 

Finalmente, se encuentra la supervisión, fiscalización y facultad sancionadora a cargo del OSINERGMIN. Sobre el particular, OSINERGMIN aprobó el “Protocolo de Supervisión durante el Estado de Emergencia Nacional decretado en el país como consecuencia del brote del COVID 19”[11] (“Protocolo de Supervisión”), el cual indica que se efectuarán labores de supervisión de manera censal, muestral o específica según las obligaciones que se deban supervisar. Estas supervisiones serán de manera inopinada y excepcionalmente, podrán ser coordinadas con las empresas supervisadas. Este procedimiento también prioriza las supervisiones de las actividades que aseguren la continuidad del servicio público de electricidad, las cuales se realizarán de manera remota y, excepcionalmente, de manera presencial.

 

De otro lado, este procedimiento ha establecido disposiciones respecto a la suspensión de plazos de procedimientos administrativos que se llevan a cabo ante OSINERGMIN. Cabe indicar en este extremo que, en el inicio del EEN, se emitieron los Decretos de Urgencia No. 026-2020 y 029-2020 que establecieron disposiciones referidas a los plazos de procedimientos administrativos. El DU 026-2020 declara la suspensión por 30 días hábiles del cómputo de plazos de tramitación de los procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo positivo y negativo, en trámite, a su entrada en vigencia[12]. Luego, mediante el DU 029-2020, se estableció la suspensión por 30 días hábiles del cómputo de plazos de inicio y tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole, incluyendo los regulados por leyes y disposiciones aplicables, sujetos a plazo, que no se encuentren comprendidos en el DU 026-2020, abarcando a aquellos en trámite a su entrada en vigencia[13].

 

El Protocolo de Supervisión, añadió a este régimen de plazos que (i) los plazos de los procedimientos administrativos a iniciativa de parte se encuentran suspendidos desde el 16 de marzo de 2020 al 9 de junio de 2020[14]; (ii) los procedimientos de supervisión de oficio se encuentran suspendidos desde el 23 de marzo de 2020 al 6 de mayo de 2020; y, (iii) los plazos de los procedimientos administrativos sancionadores se encuentran suspendidos desde el 23 de marzo de 2020 al 6 de mayo de 2020.

 

El gran problema respecto a la regulación creada por OSINERGMIN es la semana del lunes 16 al viernes 20 de marzo, dado que, en dicho periodo de tiempo, plazos para la presentación de impugnaciones, presentación de información según procedimientos de OSINERGMIN, entre otros, podrían haberse vencido, y OSINERGMIN ha excluido de este Protocolo dichas actuaciones. Es un problema dado que, durante dicha semana, y mientras se encontraba habilitado su call center, OSINERGMIN informaba que todos los plazos de procedimientos administrativos llevados a cabo frente a dicha entidad se encontraban suspendidos, conforme al comunicado que ya había sido publicado en su página web, generando en el administrado una confianza legítima en no presentar la documentación o comunicaciones pertinentes. En ese sentido, es necesario que OSINERGMIN reconfigure los plazos antes referidos, de manera tal que pueda comprender las actuaciones cuyos plazos vencían en la semana señalada.

 

Han sido cuatro semanas en las que, a medida que veíamos el progreso de la pandemia, también hemos visto denodados esfuerzos desde el Estado para mantener la continuidad de las actividades y la provisión de los servicios básicos. En ese sentido, vemos de este resumen que la regulación particular para el sector eléctrico se encuentra dirigida a garantizar la continuidad del suministro, de tal manera que los establecimientos de salud, industrias aun operando, y población, puedan continuar sus actividades de manera sostenida. Si bien es cierto que el confinamiento decretado y la caída de la demanda eléctrica ha originado un posible incumplimiento en la cadena de pagos del sector eléctrico, también es cierto que estas disposiciones buscan amortiguar esta posibilidad. Por ello nos corresponde, tanto a las empresas como a las y los profesionales legales del sector, hacer posible el funcionamiento de estas disposiciones y contribuir a la pronta activación de la cadena eléctrica.

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