20 Feb 2020

Informativo Inmobiliario

Share on google
Share on print
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

Algunos apuntes a la Sentencia Nº 0014-2015-PI/TC que declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley que declaró imprescriptibles los bienes de dominio privado del Estado

 

Mediante sentencia de fecha 10.09.2019, el Tribunal Constitucional (“TC”) resolvió declarar infundada la demanda de inconstitucionalidad planteada por el Colegio de Notarios de San Martín contra los artículos 1° y 2° de la Ley Nº 29618, Ley que establece la presunción de que el Estado es poseedor de los inmuebles de su propiedad y declara imprescriptibles los bienes inmuebles de dominio privado estatal (la “Ley”).

 

Se establece que, el Estado tiene una sola personalidad jurídica y es de derecho público y por lo tanto, sus bienes de dominio privado no se rigen “exclusivamente” por el derecho civil o derecho común. Por el contrario, estos bienes se rigen por el derecho administrativo, y solo subsidiariamente por el derecho civil ante vacíos legales.

 

Asimismo señala que todos los bienes del Estado están destinados a obtener un fin social y deben ser destinados al bien común por ser uno de sus deberes conforme al artículo 44 de la Constitución.

 

Respecto a la interpretación en sentido contrario del artículo 73° de la Constitución que de manera expresa prescribe la inalienabilidad e imprescriptibilidad de los bienes de dominio público; el  TC ha señalado que no se puede inferir que dicha disposición implica que los bienes estatales de dominio privado necesariamente y por mandato constitucional puedan ser prescribibles. Establece que la Constitución no ha establecido que “solo” o “únicamente” los bienes de dominio público gocen de esa protección, por lo que considera factible que mediante una ley ordinaria se otorgue la condición de imprescriptibles a los bienes estatales de dominio privado[1].

 

Si bien es cierto la ley impide la prescripción de los bienes estatales de dominio privado, ello no implica que la omisión, de parte del Estado de ocupar físicamente un bien o darle un uso productivo, implique ejercer el derecho de propiedad en contra del interés público. Se establece que dichos bienes podrían estar destinados a la planificación del desarrollo urbano o productivo o a la simple conservación de espacios naturales, entre otras actividades y que en todo caso podrían ser adquiridos por privados a título oneroso.

 

Se establece que la Ley no vulnera el principio de igualdad dado que los bienes de dominio privado del Estado no son equivalentes a los bienes de propiedad privada y por lo tanto no se pueden comparar válidamente y por ello admite regulación diferente.

 

La sentencia conto con el voto favorable de 4 magistrados: Miranda Canales, Ramos Núñez, Ledesma Narváez y Espinosa – Saldaña Barrera

 

Los Magistrados Blume Fortini, Sardón de Taboada y Ferrero Costa votaron por que se declare fundada la demanda y que se declare la inconstitucionalidad de la Ley. Señalaron que varios de los argumentos de la sentencia por mayoría eran simples conjeturas: ¿Y qué ocurre si tales predios estatales abandonados no están destinados a la planificación del desarrollo o a la conservación de espacios naturales? ¿Cómo así los predios estatales abandonados por más de diez años – tiempo requerido para que opere la prescripción adquisitiva de dominio sobre ellos – pueden estar «destinados a la planificación del desarrollo»?

 

En conclusión la sentencia ratifica la constitucionalidad de la ley 29618.

 

Finalmente, cabe indicar que la sentencia no impide que aquellos poseedores que hayan cumplido con todos los requisitos para la prescripción antes de la entrada en vigencia de la Ley (24.11.2010), puedan demandar judicialmente que se les declare como propietarios, dado que la Ley no es retroactiva. Dicha posición que ha sido asumida en el Pleno Jurisdiccional Nacional Civil y Procesal Civil del año 2016.

 

En caso tenga alguna consulta, puede contactarse con Franco Soria (fsoria@rubio.pe); Rubén Quevedo (rquevedo@rubio.pe); Renzo López (rlopez@rubio.pe),  Alvaro Gonzales De La Cotera (agonzalesdelacotera@rubio.pe) o Fiorella Tuesta (ftuesta@rubio.pe).

 

[1] Lo cual implica, conforme indica en su voto singular el Magistrado Ramos Nuez, que pueda ser modificada por otra ley.

Publicaciones recomendadas

Alerta Laboral

Establecen medidas complementarias para reducir el impacto en la economía nacional, del aislamiento e inmovilización social obligatorio dispuesto en la declaratoria del estado de emergencia nacional, así como para reforzar sistemas de prevención y respuesta sanitaria. #CoronavirusEnPeru

Ver más

Mantente informado

Únete a la lista de correo de Rubio para recibir nuestros boletines e informativos.



Síguenos

Sigue a Rubio en las redes sociales.

Estudio Rubio Leguía | Todos los derechos reservados
Manya.pe | Soluciones creativas en la era digital