11 May 2022

Proceso de formalización minera: ¿mito o realidad?

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Proceso de formalización minera: ¿mito o realidad?

 

El problema de la minería informal no es nuevo en el panorama de la actividad minera nacional. En nuestro país siempre ha habido personas dedicadas a la explotación, básicamente de metales, sin tener el derecho que otorga el Estado para ello, ni los permisos, autorizaciones o licencias complementarias al mismo, pero es verdad que este problema se ha incrementado de manera alarmante en los últimos 20 años.

 

 

El proceso de formalización, que se inicia de manera tímida en el año 2002 con la promulgación de la Ley de formalización y promoción de la pequeña minería y la minería artesanal, No. 27651 y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo No. 013-2002-EM, no ha tenido los resultados propuestos, pero ¿realmente se quiere resultados en el proceso de formalización?

 

 

Consideramos que no y sustentamos las razones para ello.

 

Si bien al inicio del proceso de formalización la legislación sobre el tema establecía que los diversos requisitos exigibles (título minero, derecho sobre el terreno superficial, instrumento de gestión ambiental, entre otros) eran preclusivos, es decir había un tiempo para conseguir cada uno y si no se obtenía se excluía al minero de la formalización, posteriores modificaciones legislativas determinaron que todos los requisitos debían haberse conseguido al término del plazo establecido para la conclusión del proceso de formalización, siendo que el único requisito necesario para explotar, beneficiar y/o comercializar minerales sin derecho alguno es estar inscrito en el proceso de formalización.

 

 

Conforme a lo indicado, el objetivo inicial de formalizar a los mineros informales en un plazo determinado a través de la obtención de todos los derechos, autorizaciones y permisos necesarios para ello, excluyendo a los que no los obtengan en los plazos indicados, se ha ido modificando de manera tal que actualmente, por ejemplo, un minero informal que hubiera iniciado sus actividades en el año 2000, lleva 22 años realizando actividades y puede llegar a 24 años conforme a la última ampliación del plazo promulgada en diciembre del 2021, o más años, dependiendo de las prórrogas que siga aprobando el Congreso, sin tener que gestionar y obtener un título para realización de actividad minera, un derecho de uso de terreno superficial, un inicio de actividades, un instrumento de gestión ambiental, un plan cierre de minas, sin contar con los permisos vinculados a esta actividad. Así, la pregunta de ¿porque le interesaría, a este minero de nuestro ejemplo, concluir este proceso y ser formal? Se responde sola: si ahora lo puede todo sin tener que acreditar nada y una vez en la formalidad deberá cumplir con la regulación minera en su totalidad, definitivamente no le conviene. Esta situación es grave de por sí, pues no hay incentivo concreto, real, beneficioso para que se concluya con la formalización.

 

 

En efecto, el objetivo principal del proceso de formalización se ha “desdibujado” si consideramos que este tipo de legislación (que permite algo de manera temporal) tiene que tener un objeto claro y su proceso de implementación debe concluir con un resultado y este resultado debe ser un beneficio para la Sociedad, para lo cual su proceso no debe ser más favorable que la conclusión del mismo. Así, el hecho que no hayan, 20 años después de iniciado un proceso, resultados concretos, medibles y beneficiosos para la Sociedad en el sentido de cumplimiento de la legislación ambiental, apropiada explotación de los recursos minerales, seguridad de los trabajadores, mejoras de calidad de vida en el ámbito donde se desarrollan las actividades mineras en proceso de formalización, retribución al Estado mediante el pago de impuestos, regalías mineras y otros beneficios, evidencia que no se ha logrado el objetivo y no se logrará si no hay una decisión distinta a las prórrogas de los plazos.

 

 

El problema se agrava pues en los inicios la minería informal se percibía como actividades mineras de extracción y recuperación a pequeña escala, realizada básicamente por personas naturales y comunidades o cooperativas, entre otras, ante la pasividad de las autoridades para solucionar el problema hoy, nos enfrentamos a importantes capitales que se invierten y originan en la explotación, beneficio y comercialización de minerales sin derecho alguno.

 

 

De otro lado, la profusión de normas dictadas por el Estado Peruano (Ejecutivo y Legislativo) no ha contribuido a la solución del problema. En efecto, la legislación ha sido (es) abundante y compleja. Así, se emiten normas sin la debida correlación con las previamente existentes y sin determinar si resulta necesario revocar/concordar/modificar las anteriores para que la aplicación de las nuevas sea eficaz.

 

 

Suma a las dificultades señaladas, las variaciones que se dan respecto del área declarada por el minero informal para su proceso de formalización. En efecto, consideramos que la determinación del área exacta donde se realizan las actividades mineras a ser formalizadas es la que resulta definitoria para la conclusión de dicho proceso. Así, el minero en formalización debe realizar su actividad en el área declarada, pues deberá cumplir con los requisitos exigidos para la formalización respecto de la misma. En la práctica y aduciendo “errores materiales” las áreas se cambian o se declaran en un lugar distinto al que efectivamente se realizan actividades mineras, lo que hará imposible la conclusión del proceso de formalización.

 

 

Tal como se ha señalado, el proceso de formalización tiene como objetivo erradicar la informalidad en la actividad minera, pero su implementación ha tenido demasiados cambios y postergaciones. La formalización debe ser una realidad en una fecha determinada (e inamovible) para ello se requiere que:

 

  • se implementen brigadas multidisciplinarias que vayan al campo a verificar las áreas declaradas para la formalización y si corresponden a pequeña minería y minería artesanal;
  • se capacite a las autoridades que deben impulsar y resolver los procesos de formalización;
  • se mida los resultados por procesos concluidos y no por procesos iniciados;
  • se apruebe el texto único ordenado con las normas sobre formalización; y,
  • No se den más ampliaciones de plazos para su conclusión.

 

 

Lo propuesto no es fácil, se requieren recursos y, sobre todo, una voluntad política que no ha sido demostrada por los poderes Ejecutivo y Legislativo que hasta ahora se han dejado impresionar por la implicancia de declarar ilegales las actividades que no concluyan el proceso de formalización y el poder de los votos, respectivamente.

 

 

 

Artículo publicado originalmente en la edición 144  de la revista Rumbo Minero.

https://online.flippingbook.com/view/643958715/260/

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