4 Jun 2021

Qué esperar de la industria energética de Perú en los próximos 5 años

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Los planes de gobierno de los candidatos presidenciales en lo que a política energética se refiere se asemejan en que en ambos son escasos, ambiguos, escuetos, imprecisos y denotan muy poco entendimiento de la problemática del sector de hidrocarburos y electricidad que les permita exponer “cómo” y “cuándo” se ejecutarán dichas propuestas en sectores de alta inversión. En ninguno de ellos hay un verdadero plan energético, aunque debe reconocerse que las escasas propuestas de ambos candidatos son claramente diferenciadas en lo que a promoción de la inversión se refiere.

 

La propuesta de Fuerza Popular se encuentra alineada al modelo económico actual y se mantiene dentro de los pilares de la política energética que se viene ejecutando desde 2014. De manera concreta, propone el cambio progresivo de la matriz energética hacia fuentes renovables y cerrar la brecha de acceso a la infraestructura eléctrica mediante la priorización y fomento de la inversión público-privada en el desarrollo de centrales de energía renovable, así como la apertura hacia la electromovilidad.

 

Perú Libre propone la nacionalización de los recursos naturales y la estatización de la industria eléctrica e hidrocarburos mediante la revisión de todos los contratos de concesión otorgados y aquellos resultantes de los procesos de privatización, así como el impulso de la masificación del gas natural, el relanzamiento del gaseoducto del sur y la reducción de las tarifas eléctricas.

 

La escasez de propuestas y el desconocimiento del funcionamiento del sector energético resaltan a la vista en ambos casos. La propuesta de Fuerza Popular no menciona en absoluto a la industria de los hidrocarburos pese al importante potencial de reservas de gas y petróleo con las que cuenta el país y los serios problemas que aquejan actualmente a la industria. En tanto que Perú Libre desconoce los acuerdos internacionales a los que el país se ha comprometido para reducir sus emisiones de carbono, a raíz de la concientización del calentamiento global, siendo la penetración de las energías renovables, el cambio progresivo de la matriz energética, la electromovilidad y el hidrógeno verde pilares fundamentales para alcanzar dicho objetivo. En ambos casos, ninguna de las propuestas explica cómo vamos a encarar la transición energética en la que ya estamos inmersos, considerando los recursos naturales con los que cuenta nuestro país.

 

La transición energética hace que ambos sectores, electricidad e hidrocarburos, se complementen y convivan hoy en día, por tanto, exigen de cualquier partido que resulte elegido el 6 de junio que sean considerados de manera integral en un plan energético estructurado a corto, mediano y largo plazo. Además, ambos candidatos y sus equipos técnicos deben conocer que somos un país con un gran potencial hidrocarburífero y utilizamos, y seguiremos utilizando, combustibles fósiles para la producción de bienes y servicios necesarios para nuestra vida diaria; que tenemos una matriz hidro-térmica y que el gas natural sostiene la ecuación en la producción y despacho de energía; que contamos con una importante infraestructura de energías convencionales operando; que las centrales RER no convencionales son variables e intermitentes y necesitamos de la energía convencional para suplir esa falta de confiabilidad y que debemos repensar el relanzamiento del gasoducto al sur respecto de la instalación de fuentes de energía en el sur más eficientes, entre otros aspectos. Este conocimiento es fundamental e imprescindible para estructurar un plan energético que fije, sobre la base de nuestros recursos naturales, metas y prioridades.

 

Asimismo, es importante no perder de vista que hace 25 años se dio la liberalización del mercado eléctrico peruano, proceso que estuvo caracterizado por la privatización de las empresas públicas, la desintegración de las actividades sujetas al monopolio estatal, el fomento de la competencia a nivel de generación y la determinación de precios competitivos, los cuales hasta ese entonces se sujetaban a la injerencia política y eran subsidiados por el Estado. La liberalización permitió incrementar la inversión y con ello el índice de electrificación, el margen de reserva de la generación y la calidad del servicio público. Hoy en día es el mercado quien fija el costo real de la energía que pagamos todos los usuarios. Todo ello no hubiera sido posible sin un adecuado régimen de garantías que dio la seguridad jurídica necesaria para promover la inversión privada en las diversas actividades que integran el sector.

 

Con ello no queremos señalar que la actividad empresarial del Estado sea intrínsecamente mala. En cualquier escenario, se debe primar la transparencia y efectividad de la política pública, sea esta directamente ejecutada por el Estado o por el sector privado, garantizando el acceso a la energía de manera confiable, segura y a un precio justo. Estamos frente a industrias de altos niveles de capital, por lo que una actividad económica manejada por el Estado, legalmente habilitado para ello, debe reconocer que es inviable pretender tener acceso y un servicio de calidad si es que no hay inversión (ya sea pública o privada) y tarifas que reflejen el costo real del servicio.

 

Finalmente, los planes de gobierno y los debates de ambos candidatos denotan la poca empatía que tienen ambas propuestas respecto de políticas de desarrollo sostenible y medio ambiente. Actualmente, los gobiernos han tomado consciencia del impacto que genera la industria energética en el medio ambiente y cómo es que el avance tecnológico en dicha industria está permitiendo a su vez la implementación de políticas de desarrollo sostenible en otras actividades económicas, como el transporte y la minería, lo que les lleva a reducir sus emisiones de GEI y contribuir con detener el cambio climático. A manera de ejemplo, los certificados de carbono incentivan la ejecución de proyectos de inversión, los cuales, además de contribuir con la conservación del medio ambiente, permiten a las empresas obtener beneficios económicos adicionales.

 

Como señalé al inicio, ambas propuestas son escuetas y ambiguas, aunque claramente diferenciadas. Cualquier propuesta que resulte ganadora generará un periodo de incertidumbre que retrasará indefectiblemente la ejecución de proyectos, situación que se revertirá hasta que se tenga visibilidad y certeza respecto a las reformas -tributarias y ambientales- que el nuevo gobierno nos traerá, así como el respeto a las garantías de inversión que este manifieste. Solo esperamos que lo poco avanzado en materia energética no retroceda. Corresponde al nuevo gobierno plantear y ejecutar políticas que garanticen que sus habitantes, y las generaciones futuras, puedan tener acceso en todo el territorio peruano a una energía sostenible con el medio ambiente, bajo una adecuada prestación del servicio y a un precio justo.

 

Artículo originalmente publicado en el portal web de LexLatin y de la Cámara de Comercio de Lima.

 

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