A propósito de una escalada de conflictos sociales y su inadecuada gestión gubernamental
¿Vamos a Desaprovechar -una vez más- Los Altos Precios Internacionales de los Minerales?
En el 2021, la incertidumbre sobre la recuperación económica causada por la pandemia generó un contexto de máximos históricos en los precios de minerales como el oro, plata, cobre y hierro; tendencia que se ha mantenido en los primeros meses de este año respecto al oro y el cobre debido, entre otros factores, a la guerra entre Rusia y Ucrania que los convierten en activos de refugio (oro) y la transición hacia una “economía verde” (cobre).
En efecto, en el caso específico del cobre, Goldman Sachs lo ha calificado como el “nuevo petróleo” y proyecta una tendencia alcista en su precio que lo podría llevar a US$ 6.8 por libra en el 2025, debido a un crecimiento rápido en la demanda y un déficit de suministros. Ello significaría, para un país como el nuestro que cuenta con minas en operación, en expansión y próximas a iniciar operaciones, una oportunidad invaluable para acortar brechas sociales, de desarrollo y de productividad. Es más, ya en el 2021 la tendencia alcista en el precio de los minerales permitió que las exportaciones mineras alcancen la cifra récord de US$39 mil millones, superior en 51% al año 2020 y en 40% al 2019, representando aproximadamente el 60% de las exportaciones nacionales totales.
Sin embargo, contrariamente a generar la competitividad necesaria en el sector que permita un aumento de la producción, venimos atravesando una escalada de conflictividad social que ha puesto en jaque la continuidad de actividades en diversas operaciones de la mediana y gran minería. De acuerdo con el último reporte de la Defensoría del Pueblo, de los 157 conflictos activos en nuestro país, 86 corresponden a conflictos relacionados con la actividad minera y que en su mayoría han desencadenado actos violentos, siendo los más representativos los de la comunidad de Tumilaca (Southern) y el corredor minero sur (Las Bambas y Antapaccay), que justamente son minas de cobre.
Entonces, nos encontramos frente a un escenario donde la inadecuada gestión de los conflictos nos lleva, por un lado, a una interrupción de la producción en minas que se encuentran en etapa de operación o expansión y, por otro, al freno a nuevas inversiones en exploración que permitan suplir el agotamiento futuro de las reservas. Ambos casos nos llevarían a desaprovechar este nuevo ciclo de precios con horizonte hacia el año 2025.
Ahora bien, como parte de las demandas de los actores sociales en los conflictos, suele afirmarse que las empresas no generarían suficientes recursos que permitan el desarrollo y bienestar de las poblaciones aledañas, aduciéndose que no tributan lo suficiente al no verse reflejado en, por ejemplo, la provisión adecuada de servicios básicos. Sin embargo, lo cierto es que la falta de atención a las necesidades de las poblaciones circundantes a operaciones mineras no se origina en insuficientes recursos por un escaso aporte de las empresas mineras, sino -en muchos de los casos- por una inadecuada gestión de los recursos por parte de las autoridades quienes no cuentan con las capacidades suficientes para implementar proyectos de inversión pública.
Así, la débil presencia estatal y la inadecuada gestión de los recursos públicos en las áreas donde se desarrollan los proyectos mineros, forma en la población una percepción negativa sobre la distribución de la riqueza que se genera como producto de la actividad extractiva. De ahí que, una adecuada respuesta a los reclamos de la población de las áreas influenciadas por las actividades mineras no debe ceñirse a una mayor asignación de recursos -ya sea directo a la ciudadanía o indirecto a través de los gobiernos subnacionales-, pues existe un problema estructural en la gestión pública que determina que, aun contando con un mayor presupuesto, no se traduzca en inversión local que posibilite un cambio en la percepción de la población sobre los beneficios de la actividad minera.
Entonces, y a modo de conclusión, es innegable que nada será posible si no se invierte en capital político; urge que nuestros gobernantes asuman un rol de liderazgo que asegure el destrabe de proyectos y que permitan -ya sea desde el gobierno central o bajo su supervisión- que los recursos generados por la actividad minera puedan emplearse para financiar el desarrollo de capacidades de gestión pública en los gobiernos locales. Ello generará una ejecución eficiente del presupuesto, desarrollándose proyectos factibles económica y socialmente, permitiendo así a la población percibir que los recursos generados redundan en su bienestar.
Artículo publicado originalmente en la revista “Minería & Energía”.
https://es.calameo.com/read/00056487363a441628911
